Hace pocos años el país vivió una difícil encrucijada política. Una polémica iniciativa de orden fiscal habría de desembocar en una controversia que habría de tener hondas repercusiones en la vida nacional; atendiendo al momento de emisión de la medida y en consideración a que esta favorecía a quienes debía castigar, en lugar de convertirlos en beneficiarios, la intuición popular llamó a dicho episodio con el sugestivo título de "feriado bancario". Hacía así referencia a un periodo de asueto y también a un acto de prodigalidad y derroche en aquella disposición gubernamental.
De modo similar, y aprovechando el pasado feriado de finados, ha sido la Corte Constitucional, la que se ha apresurado a dar carta blanca para que la Asamblea Nacional pueda proceder a refrendar la pretendida aspiración del partido de gobierno, que apunta a la reelección indefinida, mediante la aprobación de una simple enmienda constitucional. Hay algo de atropellado y de perentorio en esta resolución de la Corte; pero hay quizá, también, algo de furtivo y de subrepticio.
Para nadie era un secreto que dicha resolución, más que un ingrediente jurídico tenía un claro tinte político; pero tal disposición se aleja de un sentido de integridad y delicadeza cuando sus actores optan por dar la razón al mismo grupo político que los había designado para que ejercieran sus altas responsabilidades. Resulta, por lo mismo, imposible no recordar una frase de Plutarco que nos advertía que así como hay una sola palabra para designar la virtud y la valentía, el coraje; así mismo, tal coraje, sin asomo de virtud, sólo nos precipita en el cinismo y en la desvergüenza.
Se me ocurre que este es un momento crucial para la vida política de nuestro país; es un momento de definiciones, no sólo en la acepción de optar por derroteros, sino en el sentido de darle un significado a lo que queremos que sea nuestra democracia. Como siempre entendí, esta es una forma de gobierno que supone una permanente oportunidad para dar tribuna a todos los actores y para tolerar todas sus ideas, por opuestas, descabelladas y contradictorias que pudieran parecernos. Sin oportunidad para que las minorías se expresen, la democracia no existe; sólo se convierte en una ficción, en una burda parodia de lo que debería ser la participación política.
Empero, aunque se nos antoje espuria la comentada medida, o tan sólo inadecuada, ella es también un recurso político. Es decir, aunque a muchos observadores independientes nos parezca que carece de la debida legitimidad, la misma surge como una herramienta de un grupo que está persuadido, tal vez honestamente, que su visión es justamente la que debe protegerse, porque sus proyectos, iniciativas y decisiones son los únicos que darían los ansiados resultados sociales; todo lo demás, para ellos, significaría estancamiento y retroceso; en su enfoque, el fracaso del país.
Esta postura se expresa, desde luego, como una posición extrema; y justamente revela su principal debilidad o deficiencia: ella parte de una visión sesgada que nada tiene de democrática y menos de pluralista. Y aún va mucho más allá: proclama que discrepar y cuestionarla equivaldría a un propósito desestabilizador, que pondría en riesgo -paradójicamente- lo que ellos entienden por armonía y estabilidad políticas. La guinda en el pastel la ha puesto el propio presidente -quien promueve y avala dicha medida-, que en una frase de escaso acierto y felicidad habría mencionado, palabras más palabras menos, que "la enmienda no hace a nadie autoridad, son los votos los que crean un alcalde o un presidente sin restricciones, esto es democracia sin límites"(?)... Sin duda una visión confusa, no exenta de cierto absolutismo.
Un cambio amañado de las reglas del juego democrático no es saludable para fortalecer las instituciones en las que se debe sustentar nuestra organización política. El insistir en ese capricho, en mi opinión, sólo hace daño al propio partido de gobierno, al fortalecimiento de nuestra democracia, a un sentido de comunidad que hoy más que nunca nos debemos empeñar en enriquecer; ello nos desune como país y no propende a robustecer un necesario espíritu de madurez y de tolerancia.
De modo similar, y aprovechando el pasado feriado de finados, ha sido la Corte Constitucional, la que se ha apresurado a dar carta blanca para que la Asamblea Nacional pueda proceder a refrendar la pretendida aspiración del partido de gobierno, que apunta a la reelección indefinida, mediante la aprobación de una simple enmienda constitucional. Hay algo de atropellado y de perentorio en esta resolución de la Corte; pero hay quizá, también, algo de furtivo y de subrepticio.
Para nadie era un secreto que dicha resolución, más que un ingrediente jurídico tenía un claro tinte político; pero tal disposición se aleja de un sentido de integridad y delicadeza cuando sus actores optan por dar la razón al mismo grupo político que los había designado para que ejercieran sus altas responsabilidades. Resulta, por lo mismo, imposible no recordar una frase de Plutarco que nos advertía que así como hay una sola palabra para designar la virtud y la valentía, el coraje; así mismo, tal coraje, sin asomo de virtud, sólo nos precipita en el cinismo y en la desvergüenza.
Se me ocurre que este es un momento crucial para la vida política de nuestro país; es un momento de definiciones, no sólo en la acepción de optar por derroteros, sino en el sentido de darle un significado a lo que queremos que sea nuestra democracia. Como siempre entendí, esta es una forma de gobierno que supone una permanente oportunidad para dar tribuna a todos los actores y para tolerar todas sus ideas, por opuestas, descabelladas y contradictorias que pudieran parecernos. Sin oportunidad para que las minorías se expresen, la democracia no existe; sólo se convierte en una ficción, en una burda parodia de lo que debería ser la participación política.
Empero, aunque se nos antoje espuria la comentada medida, o tan sólo inadecuada, ella es también un recurso político. Es decir, aunque a muchos observadores independientes nos parezca que carece de la debida legitimidad, la misma surge como una herramienta de un grupo que está persuadido, tal vez honestamente, que su visión es justamente la que debe protegerse, porque sus proyectos, iniciativas y decisiones son los únicos que darían los ansiados resultados sociales; todo lo demás, para ellos, significaría estancamiento y retroceso; en su enfoque, el fracaso del país.
Esta postura se expresa, desde luego, como una posición extrema; y justamente revela su principal debilidad o deficiencia: ella parte de una visión sesgada que nada tiene de democrática y menos de pluralista. Y aún va mucho más allá: proclama que discrepar y cuestionarla equivaldría a un propósito desestabilizador, que pondría en riesgo -paradójicamente- lo que ellos entienden por armonía y estabilidad políticas. La guinda en el pastel la ha puesto el propio presidente -quien promueve y avala dicha medida-, que en una frase de escaso acierto y felicidad habría mencionado, palabras más palabras menos, que "la enmienda no hace a nadie autoridad, son los votos los que crean un alcalde o un presidente sin restricciones, esto es democracia sin límites"(?)... Sin duda una visión confusa, no exenta de cierto absolutismo.
Un cambio amañado de las reglas del juego democrático no es saludable para fortalecer las instituciones en las que se debe sustentar nuestra organización política. El insistir en ese capricho, en mi opinión, sólo hace daño al propio partido de gobierno, al fortalecimiento de nuestra democracia, a un sentido de comunidad que hoy más que nunca nos debemos empeñar en enriquecer; ello nos desune como país y no propende a robustecer un necesario espíritu de madurez y de tolerancia.
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