Habría un innegable golpe de efecto en la pretendida venta del segundo avión presidencial, como ha sido dispuesta por el presidente la última noche del mes pasado. Y no es que yo, en lo personal, no vea con buenos ojos que por fin se haga lo que se tenía que haber hecho desde el principio, desde hace mucho tiempo; sino que hoy quizá se lo hace –estoy persuadido– sin considerar una serie de distintas implicaciones, sin considerar una serie de circunstancias comerciales y, tal vez, sin el debido asesoramiento.
Para empezar, la medida responde a un innegable clamor ciudadano. El avión debió haber sido negociado no solo mucho antes, sino tan pronto como se tomó la decisión de comprar otro avión que atendiera mejor la supuesta agenda presidencial, aquél debió ser su requisito previo. Nunca se entendió con qué objeto se adquiría un segundo aparato si no se había establecido cuál iba a ser el destino del primero. Se entiende que el motivo por el que se había decidido adquirir el Dassault Falcon 7X, era para conseguir una mayor autonomía (vuelos de más larga duración), la misma que no podía ofrecer el que antes se había comprado, el Embraer 135 Legacy.
¿Era realmente necesario hacerse de un avión de las características del 7X?, ¿hacía falta un avión con autonomía para cruzar el Atlántico, en ruta a través del Caribe hacia Europa, por ejemplo?, ¿era esa una prioridad de la presidencia?, ¿cuán frecuente podía ser, la urgencia de hacer ese tipo de viajes intercontinentales? En fin, son demasiadas preguntas sin respuesta. O, quizá, con una sola respuesta evidente: la misión internacional a la que pudiera estar expuesto un presidente de cualquier república sudamericana es netamente regional. La real necesidad de efectuar un viaje intercontinental la puede enfrentar un presidente no más de dos veces en todo su mandato. Bastaría con que lo haga utilizando una ruta alternativa o, si no, con una comisión de apoyo reducida; o sería suficiente que se desplace en aerolínea comercial…
Lo que sí tiene el Falcon es un más ancho fuselaje; esto pudiera ser conveniente en vuelos largos, ya que permite movilizarse dentro de la cabina con más comodidad. Pero ¿era necesario?, estimo que el promedio de vuelo de esos viajes no iba a exceder unas tres horas de duración: vuelos estrictamente regionales. Esa era toda la necesidad de traslado que tenía el primer mandatario. No se entiende cuál pudo ser la real motivación, a menos que haya existido una agenda escondida, y no quisiera aquí dejar que aflore mi suspicacia. Por lo que prefiero pensar que la decisión de comprar un avión que excedía la satisfacción de las reales necesidades se la tomó por pura novelería, solo por dar gusto al ego personal del personaje.
Pero… ya está comprado. Lo grave, es que la adquisición generó una situación propia de una monarquía petrolera: un “surplus”, una innecesaria redundancia, la del otro avión, del “más viejo”, que dejó este “juguete” en manos del funcionario que se convirtió en asiduo usuario de sus servicios: el vicepresidente. Como lo demostraron los distintos “exámenes especiales” que efectuó la Contraloría, estos continuos e innecesarios viajes se los realizó sin que exista una justificación efectiva, por pura comodidad, sin atender a los ingentes costos de operación que existen cuando se utiliza este tipo de aeronaves. Y algo más grave: el segundo avión empezó a ser utilizado para satisfacer cualquier motivo menor y para trasladar a cualquier otro funcionario. Se lo usaba para dar gusto a cualquier caprichoso requerimiento. Ya no importaba cuidar debidamente de los bienes del Estado.
Todo lo anterior, por lástima, es ya “cosa juzgada” (aunque no se haya conocido la sanción para los culpables). El punto principal es que este es un momento inconveniente y muy poco apropiado para conseguir venderlo. Simplemente no existe demanda; y, en un momento que se ha agravado por la pandemia, no va a haber quién lo compre. Existe algo más, algo que los vendedores probablemente no han considerado: el avión no resulta atractivo para su eventual comprador natural: un ejecutivo o un operador regional pequeño, y esto por los motivos que en forma somera paso a comentar:
El Legacy de la Presidencia no está certificado para efectuar operaciones civiles; está considerado como una aeronave “de Estado” (aviones militares, de aduana o policía), lo cual implica que, para su fabricación, certificación y comercialización, debe cumplir con ciertas normas que pertenecen a una clasificación conocida como “Defensa”. En pocas palabras, si se quiere que opere como aeronave civil requiere de una re-certificación que, por sí sola, puede costar entre cinco y seis millones de dólares (información proporcionada por el propio fabricante). Además, si no termina en manos de un ejecutivo, la sola remoción del interior: asientos, equipamiento e interiores de lujo, y la posterior instalación de asientos regulares de aerolínea, bien pudiera costar otra cantidad similar. Todo sin tomar en cuenta su natural y absurda depreciación: alrededor de un sesenta por ciento del valor inicial…
Por lo tanto, ¿qué más se pudiera hacer? No se pierda nuestra próxima entrada en este mismo blog.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario