En días pasados el presidente Lenin Moreno planteó la posibilidad de una consulta popular. La intención que anima al presidente parecería ser la de apoyarse, cada vez que fuere necesario, en la opinión de sus mandantes, para fortalecer la gobernabilidad que haría falta en el país. Curiosamente, han sido miembros de Alianza País, el mismo partido de gobierno, quienes han expresado su inconformidad con la posible medida.
Obviamente, tales dirigentes (y "dirigentas") no pueden decir que están en desacuerdo con que se consulte a la ciudadanía; ello significaría expresar su inconformidad con la posibilidad de que sea el propio pueblo el que se pronuncie (con mayor razón en un momento en que el flamante presidente, gracias a su estilo conciliador, parece gozar de gran popularidad). Por ello que sus "co-militantes" (aunque no tanto) han empezado a enarbolar la rancia muletilla de que la consulta procedería en tanto en cuanto "no signifique un retroceso en derechos"... Dicen ellos (y ellas, principalmente) que la nuestra es una "constitución de derechos" y que las solas o simples opiniones no pueden estar sobre los derechos alcanzados por los ciudadanos (?).
No deja de tener su ironía que sean justamente los representantes de una postura política que se ha empeñado en normar las preferencias de los ciudadanos, y que se dedicó en la década pasada a obstaculizar todo tipo de opinión divergente (incluso utilizando como recurso la mofa, el denuesto y la persecución), quienes ahora pretendan erigirse en defensores de unos supuestos derechos, sacrosantos e irrenunciables, a cuento de que fueron conquistados en el pasado y que, por lo mismo, no son sujetos de una eventual regresión...
Me pregunto, entonces, de qué derechos están hablando los dirigentes aliancistas, ¿de los suyos?, ¿de los de su supuesto millón de militantes?, ¿de los pretendidos por su reverenciado líder? ¿O los de los otros subestimados habitantes que existen en nuestro país? ¿De cuáles?
Sorprenden, sobre todo, los argumentos de ciertas dirigentes de ese grupo político, obsecuentes defensoras del absolutismo, la arbitrariedad y la megalomanía, quienes no logran disimular su evidente fanatismo, y que sostienen que "el nuestro no es un estado de opiniones sino de derechos", y "que el dar preferencia a nuevas opiniones solo significaría retroceder en los derechos ya alcanzados". Y yo me pregunto: ¿cómo se postulan y concretan esos derechos si no es en base a una opinión? ¿Acaso opinar no es también un derecho y, como tal, uno de los más importantes, y que ellas ayudaron a conculcar en el pasado?
Es, por estas incoherencias, que resulta una ironía que hoy hablen de derechos quienes hasta hace poco los restringieron y desconocieron con el objeto de beneficiar a un sector elitista y excluyente. Pues esa es la otra distorsión, ya que para quienes defienden al régimen anterior, su supuesto millón de afiliados representa a la opinión de la mayoría. Olvidan que ese millón, en un país de 16 millones no llega ni al 10%. Sin embargo, y en base a la manipulación del método de D'Hondt, han copado las funciones de elección popular y, a través de ello -y sin atender a un democrático concepto de auténtica representatividad-, los diversos organismos de control.
Al parecer, para ciertos representantes de Alianza País contaría únicamente una sola opinión -y un solo interés político-: el suyo. Con ese criterio, solo su opinión constituiría derecho... Pero, como lo expone José Hernández en su portal de opinión, respecto a lo que él identifica como un proyecto totalitario: "En realidad, Alianza País clausuró el juego político. Tras imponer su poder, se dedicó a formular leyes, proteger el proyecto, asegurar la impunidad para la nomenclatura y armar las coartadas semánticas destinadas a ocultar la realidad". Hernández, al hablar de la institucionalización del cinismo y la corrupción como sistema de gobierno, cree que es inviable hablar de democracia con la aplicación de la constitución de Montecristi.
De vuelta al tema principal, creo que es importante priorizar la institucionalidad del país frente a supuestos y pretendidos derechos que benefician a unos pocos. Cuando esto sucede, el mecanismo adecuado es discutir y dialogar; y esto sólo se consigue cuando se puede expresar el propio pensamiento. A eso se llama opinar; ello permite revisar cualquier situación anómala.
Obviamente, tales dirigentes (y "dirigentas") no pueden decir que están en desacuerdo con que se consulte a la ciudadanía; ello significaría expresar su inconformidad con la posibilidad de que sea el propio pueblo el que se pronuncie (con mayor razón en un momento en que el flamante presidente, gracias a su estilo conciliador, parece gozar de gran popularidad). Por ello que sus "co-militantes" (aunque no tanto) han empezado a enarbolar la rancia muletilla de que la consulta procedería en tanto en cuanto "no signifique un retroceso en derechos"... Dicen ellos (y ellas, principalmente) que la nuestra es una "constitución de derechos" y que las solas o simples opiniones no pueden estar sobre los derechos alcanzados por los ciudadanos (?).
No deja de tener su ironía que sean justamente los representantes de una postura política que se ha empeñado en normar las preferencias de los ciudadanos, y que se dedicó en la década pasada a obstaculizar todo tipo de opinión divergente (incluso utilizando como recurso la mofa, el denuesto y la persecución), quienes ahora pretendan erigirse en defensores de unos supuestos derechos, sacrosantos e irrenunciables, a cuento de que fueron conquistados en el pasado y que, por lo mismo, no son sujetos de una eventual regresión...
Me pregunto, entonces, de qué derechos están hablando los dirigentes aliancistas, ¿de los suyos?, ¿de los de su supuesto millón de militantes?, ¿de los pretendidos por su reverenciado líder? ¿O los de los otros subestimados habitantes que existen en nuestro país? ¿De cuáles?
Sorprenden, sobre todo, los argumentos de ciertas dirigentes de ese grupo político, obsecuentes defensoras del absolutismo, la arbitrariedad y la megalomanía, quienes no logran disimular su evidente fanatismo, y que sostienen que "el nuestro no es un estado de opiniones sino de derechos", y "que el dar preferencia a nuevas opiniones solo significaría retroceder en los derechos ya alcanzados". Y yo me pregunto: ¿cómo se postulan y concretan esos derechos si no es en base a una opinión? ¿Acaso opinar no es también un derecho y, como tal, uno de los más importantes, y que ellas ayudaron a conculcar en el pasado?
Es, por estas incoherencias, que resulta una ironía que hoy hablen de derechos quienes hasta hace poco los restringieron y desconocieron con el objeto de beneficiar a un sector elitista y excluyente. Pues esa es la otra distorsión, ya que para quienes defienden al régimen anterior, su supuesto millón de afiliados representa a la opinión de la mayoría. Olvidan que ese millón, en un país de 16 millones no llega ni al 10%. Sin embargo, y en base a la manipulación del método de D'Hondt, han copado las funciones de elección popular y, a través de ello -y sin atender a un democrático concepto de auténtica representatividad-, los diversos organismos de control.
Al parecer, para ciertos representantes de Alianza País contaría únicamente una sola opinión -y un solo interés político-: el suyo. Con ese criterio, solo su opinión constituiría derecho... Pero, como lo expone José Hernández en su portal de opinión, respecto a lo que él identifica como un proyecto totalitario: "En realidad, Alianza País clausuró el juego político. Tras imponer su poder, se dedicó a formular leyes, proteger el proyecto, asegurar la impunidad para la nomenclatura y armar las coartadas semánticas destinadas a ocultar la realidad". Hernández, al hablar de la institucionalización del cinismo y la corrupción como sistema de gobierno, cree que es inviable hablar de democracia con la aplicación de la constitución de Montecristi.
De vuelta al tema principal, creo que es importante priorizar la institucionalidad del país frente a supuestos y pretendidos derechos que benefician a unos pocos. Cuando esto sucede, el mecanismo adecuado es discutir y dialogar; y esto sólo se consigue cuando se puede expresar el propio pensamiento. A eso se llama opinar; ello permite revisar cualquier situación anómala.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario