Hay un tema del que hasta ahora me he resistido a comentar y acerca del cual he preferido no pronunciarme: me refiero al uso, o eventual abuso, de los aviones presidenciales. Sin embargo, el último anuncio que ha efectuado el primer mandatario, en el sentido de que ha decidido la venta de uno de esos aparatos, me obliga a hacer unas pocas consideraciones respecto a ese medio de movilización presidencial, hoy por hoy encargado al Grupo de Transporte Aéreo Especial de la Fuerza Aérea: el GTAE.
Estoy consciente, e íntimamente persuadido, que para emitir opiniones en este sentido, es imprescindible alejarse de cualquier prejuicio de carácter político; es más, creo que es enormemente importante no caer en la mezquindad o en la fácil conjetura. Una opinión respecto a este tema debe respaldarse en el sentido común y en la coherencia; sobre todo, si la única finalidad que debe perseguirse debe ser la de apoyar un sentido de austeridad, el mismo que, por otra parte, no puede dejar de lado las delicadas tareas presidenciales, además de la seguridad y eficiencia que debe tener la transportación aérea del presidente de la República.
A tono pues con una interesante observación que escuché en días pasados, quiero efectuar estas reflexiones con el cuidado de evitar la sospecha o la conjetura. En este sentido, creo que es importante apartarse del "dicen por ahí" o "andan diciendo"… y tratar de analizar en forma objetiva las características y derivaciones de ese requerimiento de movilización presidencial. Hace falta, sin embargo, contar con una condición indispensable: respaldarse en la seguridad de que el uso de esas unidades debe tener el carácter de oficial y que, además y por lo mismo, se lo debe ejercitar con un sentido de delicadeza, escrúpulo y total integridad.
Estoy consciente, e íntimamente persuadido, que para emitir opiniones en este sentido, es imprescindible alejarse de cualquier prejuicio de carácter político; es más, creo que es enormemente importante no caer en la mezquindad o en la fácil conjetura. Una opinión respecto a este tema debe respaldarse en el sentido común y en la coherencia; sobre todo, si la única finalidad que debe perseguirse debe ser la de apoyar un sentido de austeridad, el mismo que, por otra parte, no puede dejar de lado las delicadas tareas presidenciales, además de la seguridad y eficiencia que debe tener la transportación aérea del presidente de la República.
A tono pues con una interesante observación que escuché en días pasados, quiero efectuar estas reflexiones con el cuidado de evitar la sospecha o la conjetura. En este sentido, creo que es importante apartarse del "dicen por ahí" o "andan diciendo"… y tratar de analizar en forma objetiva las características y derivaciones de ese requerimiento de movilización presidencial. Hace falta, sin embargo, contar con una condición indispensable: respaldarse en la seguridad de que el uso de esas unidades debe tener el carácter de oficial y que, además y por lo mismo, se lo debe ejercitar con un sentido de delicadeza, escrúpulo y total integridad.
¿Era necesario adquirir un avión para uso del presidente de la República? Creo que, vistas las características y limitaciones de las aeronaves que realizaban anteriormente ese servicio (tanto el bimotor HS 748 Avro, como el Sabreliner que antes se utilizaba para este propósito por parte de la Fuerza Aérea), era ya necesario que se tomara una decisión en tal sentido. Esto principalmente con el fin de respaldar a las urgentes movilizaciones nacionales que pudiera tener el presidente, y a unas pocas de carácter internacional que se justificarían en los casos de viajes que, para efectos de representación, era necesario que realizara ocasionalmente.
Lo que vino a todas luces a resultar innecesario, ampuloso y redundante, fue la compra de una segunda aeronave con capacidad para vuelos transcontinentales (?); esto, sobre todo, porque se optó por mantener la primera unidad que había sido adquirida para cumplir con vuelos regionales; y que, probablemente, había sido adquirida como parte de un paquete en el que también se habría incluido a otra aeronave perteneciente a la misma fábrica brasileña (el Embraer adquirido para Petroecuador, y hoy operado por Petroamazonas).
Lo más importante no es considerar el costo ingente de esas aeronaves, sino el elevado costo de operación que esas unidades representan (estimo para el Legacy algo más de ocho mil dólares y para el Falcon alrededor de doce mil dólares la hora de vuelo). Por lo mismo, es indispensable tomar en cuenta esos valores en términos de costo-beneficio; o, lo que es lo mismo: tomar en cuenta tales costos de operación a la hora de considerar si dichos aviones puedan ser utilizados por otros funcionarios (que no sean el presidente), quienes deberían tener como prioridad la posibilidad de efectuar sus viajes utilizando asientos en vuelos comerciales.
Para ilustrar con un ejemplo: si un grupo de cinco importantes funcionarios (ninguno de los cuales es el primer mandatario) utiliza el avión presidencial para un vuelo a Centroamérica, el costo de dicha operación podría superar los cincuenta mil dólares (y esto sin incluir permisos de sobrevuelo y otros servicios de despacho), frente a la posibilidad de adquirir cinco pasajes en aerolínea comercial (incluso si estos se contratarían en primera clase) que pudieran costar hasta diez veces menos que la otra posibilidad. Aquí, el punto que debe atenderse, y que ocasiona controversia, es el del uso adecuado del avión, de acuerdo a su estricta finalidad.
Nota: continuaremos con este tema en nuestra próxima entrada.
Lo que vino a todas luces a resultar innecesario, ampuloso y redundante, fue la compra de una segunda aeronave con capacidad para vuelos transcontinentales (?); esto, sobre todo, porque se optó por mantener la primera unidad que había sido adquirida para cumplir con vuelos regionales; y que, probablemente, había sido adquirida como parte de un paquete en el que también se habría incluido a otra aeronave perteneciente a la misma fábrica brasileña (el Embraer adquirido para Petroecuador, y hoy operado por Petroamazonas).
Lo más importante no es considerar el costo ingente de esas aeronaves, sino el elevado costo de operación que esas unidades representan (estimo para el Legacy algo más de ocho mil dólares y para el Falcon alrededor de doce mil dólares la hora de vuelo). Por lo mismo, es indispensable tomar en cuenta esos valores en términos de costo-beneficio; o, lo que es lo mismo: tomar en cuenta tales costos de operación a la hora de considerar si dichos aviones puedan ser utilizados por otros funcionarios (que no sean el presidente), quienes deberían tener como prioridad la posibilidad de efectuar sus viajes utilizando asientos en vuelos comerciales.
Para ilustrar con un ejemplo: si un grupo de cinco importantes funcionarios (ninguno de los cuales es el primer mandatario) utiliza el avión presidencial para un vuelo a Centroamérica, el costo de dicha operación podría superar los cincuenta mil dólares (y esto sin incluir permisos de sobrevuelo y otros servicios de despacho), frente a la posibilidad de adquirir cinco pasajes en aerolínea comercial (incluso si estos se contratarían en primera clase) que pudieran costar hasta diez veces menos que la otra posibilidad. Aquí, el punto que debe atenderse, y que ocasiona controversia, es el del uso adecuado del avión, de acuerdo a su estricta finalidad.
Nota: continuaremos con este tema en nuestra próxima entrada.
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