El procedimiento utilizado por la Asamblea Nacional, en días pasados, no solo que carece de coherencia sino que reúne diversos ingredientes para que se lo considere como una insólita triquiñuela; o, como hoy lo interpreta la ciudadanía, como una auténtica tomadura de pelo, un caso más -quizá uno de los más desvergonzados de que hayamos sido testigos- de impudicia política. Este es, en suma, un caso peregrino, en el que se ha puesto en evidencia la capacidad de maniobra de un grupo de gente que es capaz de cualquier cosa, con tal de defender sus oscuros intereses. Esto no solo resulta peregrino, sino perverso e inaceptable.
Dice el diccionario que ilícito es aquello que no es, o no está, permitido legal o moralmente. Sin embargo, para poner en más claro contexto lo que ilícito significa, sería preciso recurrir al sentido de la palabra opuesta: el adjetivo lícito. Este, según la primera acepción del DRAE, es aquello que es "justo, permitido", o realizado "según razón y justicia"; si atendemos a una segunda interpretación que infiere el texto en referencia, lícito es también aquello que se refiere a la ley o a la calidad debida. Puesto pues en contexto, ilícito es algo injusto, que, por lo mismo, no está permitido, que la sociedad lo reconoce como algo carente de razón y justicia.
La maniobra politiquera de la mayoría de la Asamblea (a la que no ha tenido más recurso que sumarse cualquier grupo independiente, así como la dispersa oposición) no hace sino blindar de más amplia responsabilidad penal al vicepresidente de la República, pues limita cualquier acción, en el proceso que se ha instaurado en su contra, a la posibilidad de que únicamente sea declarado culpable por asociación ilícita y no lo que gran parte de la población, con harta razón, presume: que existirían suficientes indicios para que el segundo mandatario sea juzgado por más graves responsabilidades, cómo podrían ser: tráfico de influencias, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión o peculado. O, desde luego, por todo lo anterior.
Este tufillo a componenda que ha dejado la maniobra legislativa, causa una muy desagradable sensación de indefensión y de impotencia. Esto no solo porque pone en evidencia la proterva astucia o "sagacidad" (léase mañosería) de un grupo que es capaz de burlarse del debido proceso, y en suma de la recta aplicación de un sentido de justicia; sino porque, sobre todo, sienta un muy lamentable precedente frente al castigo que merecen los implicados en actos de corrupción pública, frente a la cual hoy se responde con un acto artero que la menosprecia y protege. Esto es, con una resolución -que no pudo ser debatida- que consolida la impunidad.
De otra parte, sería importante basarse en la aplicación de un sentido de coherencia. Porque, si no es para cometer un desaguisado, una infracción o ilícito, entonces ¿para qué más pueden asociarse, en forma ilícita, las personas? ¿Para qué más puede juntarse ilícitamente esa gente, si no es para poder delinquir? ¿Acaso es posible, me pregunto, reunirse o complotarse en forma "injusta y no apegada a razón y justicia", para otro asunto que no implique alguna forma de irregularidad? No se concibe cómo alguien puede reunirse, juntarse o asociarse, en forma no autorizada o indebida, a menos que sea para realizar o cometer algo no permitido. Pues nadie se reúne en forma ilícita para ir a misa, pasear en el parque o montar en bicicleta...
Razón tiene entonces, el funcionario implicado -en todas estas múltiples, diversas y evidentes irregularidades- en expresarse tan orondo y confiado cada vez que es entrevistado; y, desde luego, en actuar con tanto cinismo y autosuficiencia luego de tantas incertidumbres y sospechas que su pasada actuación ha generado. En efecto, no deja de causar asombro y perplejidad la falta de vergüenza con la que el implicado no cesa de proclamar su honestidad e inocencia. Y de sostener, ¡qué risa da!, que lo han convertido en víctima de acoso mediático.
Ante todo este intríngulis seudo jurídico, y de evidente manoseo político, no resta sino imaginar lo único previsible; y esto es, que la sentencia solo consistirá en una pena inocua y ridícula. En definitiva, que la sanción ha de consistir en algo que no tenga relación, en lo más mínimo, con las gravísimas e irreparables consecuencias de las incorrecciones cometidas. Nada sería más injusto y alejado de la razón y la justicia; nada más desproporcionado e incorrecto. Bien visto, el procedimiento utilizado por la mayoría legislativa sería -ese sí- un acto de asociación ilícita. No solo burdo, torpe y peregrino. Sino también malintencionado e inmoral.
Dice el diccionario que ilícito es aquello que no es, o no está, permitido legal o moralmente. Sin embargo, para poner en más claro contexto lo que ilícito significa, sería preciso recurrir al sentido de la palabra opuesta: el adjetivo lícito. Este, según la primera acepción del DRAE, es aquello que es "justo, permitido", o realizado "según razón y justicia"; si atendemos a una segunda interpretación que infiere el texto en referencia, lícito es también aquello que se refiere a la ley o a la calidad debida. Puesto pues en contexto, ilícito es algo injusto, que, por lo mismo, no está permitido, que la sociedad lo reconoce como algo carente de razón y justicia.
La maniobra politiquera de la mayoría de la Asamblea (a la que no ha tenido más recurso que sumarse cualquier grupo independiente, así como la dispersa oposición) no hace sino blindar de más amplia responsabilidad penal al vicepresidente de la República, pues limita cualquier acción, en el proceso que se ha instaurado en su contra, a la posibilidad de que únicamente sea declarado culpable por asociación ilícita y no lo que gran parte de la población, con harta razón, presume: que existirían suficientes indicios para que el segundo mandatario sea juzgado por más graves responsabilidades, cómo podrían ser: tráfico de influencias, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión o peculado. O, desde luego, por todo lo anterior.
Este tufillo a componenda que ha dejado la maniobra legislativa, causa una muy desagradable sensación de indefensión y de impotencia. Esto no solo porque pone en evidencia la proterva astucia o "sagacidad" (léase mañosería) de un grupo que es capaz de burlarse del debido proceso, y en suma de la recta aplicación de un sentido de justicia; sino porque, sobre todo, sienta un muy lamentable precedente frente al castigo que merecen los implicados en actos de corrupción pública, frente a la cual hoy se responde con un acto artero que la menosprecia y protege. Esto es, con una resolución -que no pudo ser debatida- que consolida la impunidad.
De otra parte, sería importante basarse en la aplicación de un sentido de coherencia. Porque, si no es para cometer un desaguisado, una infracción o ilícito, entonces ¿para qué más pueden asociarse, en forma ilícita, las personas? ¿Para qué más puede juntarse ilícitamente esa gente, si no es para poder delinquir? ¿Acaso es posible, me pregunto, reunirse o complotarse en forma "injusta y no apegada a razón y justicia", para otro asunto que no implique alguna forma de irregularidad? No se concibe cómo alguien puede reunirse, juntarse o asociarse, en forma no autorizada o indebida, a menos que sea para realizar o cometer algo no permitido. Pues nadie se reúne en forma ilícita para ir a misa, pasear en el parque o montar en bicicleta...
Razón tiene entonces, el funcionario implicado -en todas estas múltiples, diversas y evidentes irregularidades- en expresarse tan orondo y confiado cada vez que es entrevistado; y, desde luego, en actuar con tanto cinismo y autosuficiencia luego de tantas incertidumbres y sospechas que su pasada actuación ha generado. En efecto, no deja de causar asombro y perplejidad la falta de vergüenza con la que el implicado no cesa de proclamar su honestidad e inocencia. Y de sostener, ¡qué risa da!, que lo han convertido en víctima de acoso mediático.
Ante todo este intríngulis seudo jurídico, y de evidente manoseo político, no resta sino imaginar lo único previsible; y esto es, que la sentencia solo consistirá en una pena inocua y ridícula. En definitiva, que la sanción ha de consistir en algo que no tenga relación, en lo más mínimo, con las gravísimas e irreparables consecuencias de las incorrecciones cometidas. Nada sería más injusto y alejado de la razón y la justicia; nada más desproporcionado e incorrecto. Bien visto, el procedimiento utilizado por la mayoría legislativa sería -ese sí- un acto de asociación ilícita. No solo burdo, torpe y peregrino. Sino también malintencionado e inmoral.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario