Frente al uso -o abuso- del que los aviones presidenciales habrían sido objeto, haría falta que se restrinja su operación a su finalidad original y legítima (la transportación del primer mandatario y, en situaciones debidamente justificadas, la movilización de ciertos otros funcionarios). En este sentido, debería existir un estricto protocolo para su uso que, por ejemplo, excluya de su utilización a los casos de familiares o de personas que sean ajenas al objeto de la movilización oficial que ha sido programada. No es aceptable que estas unidades sean utilizadas con un criterio discrecional que solo puede aplicarse a aeronaves particulares.
Con esta preocupación en mente, habría que normar en forma taxativa el uso adecuado de dichos aviones. Para ello, bastaría con realizar una somera auditoría operacional de los dos aviones actualmente en servicio, lo cual pudiera revelar por quiénes fue utilizado, los destinos hacia los que operaron y, sobre todo, el motivo o finalidad de esas movilizaciones; esto transparentaría la real necesidad de esas operaciones y si en las mismas primó el interés del Estado o si esos vuelos se efectuaron sin tomar en cuenta sus costos efectivos; o si no se discriminó, en forma adecuada, si dichos desplazamientos fueron efectuados por real necesidad.
No debería ignorarse un factor adicional: el apoyo logístico que otras aeronaves han provisto a los aviones presidenciales. Este es el caso del Embraer que pertenece a Petroamazonas, el mismo que -de hecho- se ha convertido ocasionalmente en una tercera alternativa de transportación para uso gubernamental. En este aspecto, no sólo deben considerarse los costos correspondientes a su operación, sino también el costo que significa transportar por otros medios a los pasajeros de esa empresa cuando la aeronave se encuentra al servicio de la presidencia. Solo esto puede representar una erogación superior a cincuenta mil dólares en un solo día, lo cual sucede cuando el avión es destinado a satisfacer la logística gubernamental.
Me temo que estos costos nunca han sido debidamente "sincerados". El GTAE, que es la entidad de la Fuerza Aérea que coordina estas solicitudes con la Unidad de Aviación de la empresa petrolera estatal, supone y da por hecho que los gastos involucrados han de ser asumidos en el presupuesto de esa empresa. La petrolera reconoce esos vuelos como acciones de colaboración inter-institucional (como si fueran de cortesía). No existe, por lo mismo, un cruce de cuentas y ni siquiera una simbólica facturación. Visto de ese modo, la sola movilización de un funcionario puede provocar la suspensión de cuatro -y hasta cinco- vuelos de itinerario en la operación logística regular de la empresa estatal en un solo día...
Pero, de vuelta al motivo de estas reflexiones: ¿realmente sería adecuado (o por lo menos conveniente) vender uno de los aviones que cumplen actualmente las tareas de transportación "presidencial"? (las comillas son necesarias, porque bien pudiera argüirse que esas naves pudieran tener un uso aun más amplio que el considerado originalmente; que sería aceptable que tuvieran un uso menos restringido; y que, por el contrario, bien pudieran pasar a formar parte de una utilización que tuviera un carácter más discrecional).
Para el efecto -la probable venta de una de estas aeronaves- sería necesario calcular no sólo su valor residual; sino, además, cuánto representa comparativamente el importe de esa eventual venta para el erario público. Poco, muy poco, sería la ineludible respuesta. Aunque se debería reconocer que el verdadero propósito o lo importante, desde un punto de vista político, sería aquello de hacer un simbólico reconocimiento, y así dar testimonio de que se intenta propiciar un clima de austeridad y que se quiere recortar todo gasto superfluo.
Se me ocurre que pudieran existir mejores alternativas que vender un avión al mejor postor. Una pudiera ser el darle, a uno de ellos, una mejor utilidad. Uno de los aviones pudiera ser reconvertido a una versión para uso con pasajeros (el Embraer Galaxy pudiera ser en este sentido una mejor posibilidad), y pudiera ser utilizado como un avión de apoyo para ciertas actividades que las mismas empresas petroleras estatales requieren. No hace mucho se seguían haciendo planes para la eventual adquisición de un segundo avión adicional.
Mirando hacia el futuro, hasta sería factible liberar con el tiempo al GTAE, el grupo de apoyo presidencial, de sus actuales funciones y responsabilidades, con el correspondiente ahorro que tal decisión pudiera significar para la institución de la que forma parte: la Fuerza Aérea Ecuatoriana.
Con esta preocupación en mente, habría que normar en forma taxativa el uso adecuado de dichos aviones. Para ello, bastaría con realizar una somera auditoría operacional de los dos aviones actualmente en servicio, lo cual pudiera revelar por quiénes fue utilizado, los destinos hacia los que operaron y, sobre todo, el motivo o finalidad de esas movilizaciones; esto transparentaría la real necesidad de esas operaciones y si en las mismas primó el interés del Estado o si esos vuelos se efectuaron sin tomar en cuenta sus costos efectivos; o si no se discriminó, en forma adecuada, si dichos desplazamientos fueron efectuados por real necesidad.
No debería ignorarse un factor adicional: el apoyo logístico que otras aeronaves han provisto a los aviones presidenciales. Este es el caso del Embraer que pertenece a Petroamazonas, el mismo que -de hecho- se ha convertido ocasionalmente en una tercera alternativa de transportación para uso gubernamental. En este aspecto, no sólo deben considerarse los costos correspondientes a su operación, sino también el costo que significa transportar por otros medios a los pasajeros de esa empresa cuando la aeronave se encuentra al servicio de la presidencia. Solo esto puede representar una erogación superior a cincuenta mil dólares en un solo día, lo cual sucede cuando el avión es destinado a satisfacer la logística gubernamental.
Me temo que estos costos nunca han sido debidamente "sincerados". El GTAE, que es la entidad de la Fuerza Aérea que coordina estas solicitudes con la Unidad de Aviación de la empresa petrolera estatal, supone y da por hecho que los gastos involucrados han de ser asumidos en el presupuesto de esa empresa. La petrolera reconoce esos vuelos como acciones de colaboración inter-institucional (como si fueran de cortesía). No existe, por lo mismo, un cruce de cuentas y ni siquiera una simbólica facturación. Visto de ese modo, la sola movilización de un funcionario puede provocar la suspensión de cuatro -y hasta cinco- vuelos de itinerario en la operación logística regular de la empresa estatal en un solo día...
Pero, de vuelta al motivo de estas reflexiones: ¿realmente sería adecuado (o por lo menos conveniente) vender uno de los aviones que cumplen actualmente las tareas de transportación "presidencial"? (las comillas son necesarias, porque bien pudiera argüirse que esas naves pudieran tener un uso aun más amplio que el considerado originalmente; que sería aceptable que tuvieran un uso menos restringido; y que, por el contrario, bien pudieran pasar a formar parte de una utilización que tuviera un carácter más discrecional).
Para el efecto -la probable venta de una de estas aeronaves- sería necesario calcular no sólo su valor residual; sino, además, cuánto representa comparativamente el importe de esa eventual venta para el erario público. Poco, muy poco, sería la ineludible respuesta. Aunque se debería reconocer que el verdadero propósito o lo importante, desde un punto de vista político, sería aquello de hacer un simbólico reconocimiento, y así dar testimonio de que se intenta propiciar un clima de austeridad y que se quiere recortar todo gasto superfluo.
Se me ocurre que pudieran existir mejores alternativas que vender un avión al mejor postor. Una pudiera ser el darle, a uno de ellos, una mejor utilidad. Uno de los aviones pudiera ser reconvertido a una versión para uso con pasajeros (el Embraer Galaxy pudiera ser en este sentido una mejor posibilidad), y pudiera ser utilizado como un avión de apoyo para ciertas actividades que las mismas empresas petroleras estatales requieren. No hace mucho se seguían haciendo planes para la eventual adquisición de un segundo avión adicional.
Mirando hacia el futuro, hasta sería factible liberar con el tiempo al GTAE, el grupo de apoyo presidencial, de sus actuales funciones y responsabilidades, con el correspondiente ahorro que tal decisión pudiera significar para la institución de la que forma parte: la Fuerza Aérea Ecuatoriana.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario