Verdaderamente para Ripley! Y lo más grave no es esa ausencia de sindéresis, de esa capacidad para juzgar con ponderación y rectitud; tampoco lo que abruma no es sólo ese torvo desdén para aplicar la proporcionalidad en la sanción de un delito. Lo que indigna es el cinismo con que se actúa, ese desparpajo, ese descaro para proceder con un sentido tan alejado a lo moral. Es que, manda huevos ser tan sinvergüenza!
La desenfadada decisión de unos jueces, de castigar a un ex-ministro acusado de peculado con la irrisoria como ridícula condena a tres meses de prisión, convierte a la apropiación o al mal uso de los bienes públicos en algo menos que una inofensiva contravención menor; nos quiere persuadir que eso de malversar los caudales públicos ha dejado de ser un acto siniestro e inaceptable, que sólo es algo nimio, algo que no entraña vicio ni reprensión, simplemente “un gaje del oficio”, una forma de descuido o equivocación; que meter las manos "sólo un poquito" en los caudales del estado hoy resulta algo que bien puede comprenderse y excusarse…
Es que tres meses de prisión al infractor... para alguien que se había ido sobre las normas establecidas de contratación, favoreciendo con asignaciones a dedo; tres meses de prisión para quien se había burlado de los procesos establecidos con el objeto de beneficiar a predeterminados individuos, no sólo es un insulto a la razón y al sentido común, es una bofetada a la dignidad de la gente, de esa misma gente a la que se había dicho que la corrupción ya tenía que cesar y que venía siendo hora de que se tenga que "meterle mano a la justicia".
Y no contentos con tan ridícula sanción, estos mal llamados jueces, verdadero oprobio de cualquier sistema de derecho, subestiman al buen sentido de la gente, mancillan la buena fe de la ciudadanía. Actúan con tan descarada lenidad, estos pérfidos magistrados, que resuelven, además, la aplicación de una multa de tan escuálido valor que, con su impúdica disposición, pisotean todo andamiaje de justicia y el más mínimo sentido de honor y dignidad de quienes ingenuamente han estado esperando en forma paciente por una severa aplicación de un ejemplarizador castigo. ¡Ciento noventa dólares! ¡Qué vergüenza! ¡Qué burla! ¡Qué injusticia!
Tan estólida resolución nos lleva a la convicción de que nada hay más nefando que la inmoral apropiación o mal uso de fondos públicos, con la sola excepción de condonar su cometido. En efecto, propiciar la impunidad del delito, máxime si se trata del mal uso de los bienes comunitarios confiados al cuidado de un funcionario especial, es más aberrante y desmoralizador que la misma falta que se ha fallado en castigar. Esta repugnante decisión quiere convencer con el espurio concepto de que si no es significativa la cantidad malversada, tres meses de prisión ya resarcen la "travesura" de un indigno y díscolo sujeto.
Como se puede comprobar, el sistema de justicia está politizado y manipulado. La sanción impuesta por los jueces desnuda su parcialidad y la protección que aplican a unos funcionarios deshonestos y la influencia de que son objeto por parte de las altas instancias del poder gubernamental. No es aceptable el absurdo criterio de un "peculado tenue"… No existe punto medio: existe o no existe peculado, punto! No puede transigirse frente al insólito criterio de que "existió mal manejo de bienes públicos, pero sólo un poquito"... Los corruptos merecen estar en el lugar que les corresponde, gozando de la compañía de estos parcializados y despreciables jueces!
¡Tres meses de prisión y ciento noventa dólares! ¿Cómo creer ya en la justicia? ¿Cómo aceptar que ella ha caído en manos de individuos de ausente o escaso mérito, cuyas resoluciones evidencian el protervo afán de favorecer a otros desaprensivos funcionarios de similar estofa? Con su sentencia estos infames magistrados no sólo que no han procedido con equidad, se han burlado de todo concepto de proporción y de dignidad, han mancillado el más sagrado y elemental sentido de lo que debe ser la justicia!
Quito
La desenfadada decisión de unos jueces, de castigar a un ex-ministro acusado de peculado con la irrisoria como ridícula condena a tres meses de prisión, convierte a la apropiación o al mal uso de los bienes públicos en algo menos que una inofensiva contravención menor; nos quiere persuadir que eso de malversar los caudales públicos ha dejado de ser un acto siniestro e inaceptable, que sólo es algo nimio, algo que no entraña vicio ni reprensión, simplemente “un gaje del oficio”, una forma de descuido o equivocación; que meter las manos "sólo un poquito" en los caudales del estado hoy resulta algo que bien puede comprenderse y excusarse…
Es que tres meses de prisión al infractor... para alguien que se había ido sobre las normas establecidas de contratación, favoreciendo con asignaciones a dedo; tres meses de prisión para quien se había burlado de los procesos establecidos con el objeto de beneficiar a predeterminados individuos, no sólo es un insulto a la razón y al sentido común, es una bofetada a la dignidad de la gente, de esa misma gente a la que se había dicho que la corrupción ya tenía que cesar y que venía siendo hora de que se tenga que "meterle mano a la justicia".
Y no contentos con tan ridícula sanción, estos mal llamados jueces, verdadero oprobio de cualquier sistema de derecho, subestiman al buen sentido de la gente, mancillan la buena fe de la ciudadanía. Actúan con tan descarada lenidad, estos pérfidos magistrados, que resuelven, además, la aplicación de una multa de tan escuálido valor que, con su impúdica disposición, pisotean todo andamiaje de justicia y el más mínimo sentido de honor y dignidad de quienes ingenuamente han estado esperando en forma paciente por una severa aplicación de un ejemplarizador castigo. ¡Ciento noventa dólares! ¡Qué vergüenza! ¡Qué burla! ¡Qué injusticia!
Tan estólida resolución nos lleva a la convicción de que nada hay más nefando que la inmoral apropiación o mal uso de fondos públicos, con la sola excepción de condonar su cometido. En efecto, propiciar la impunidad del delito, máxime si se trata del mal uso de los bienes comunitarios confiados al cuidado de un funcionario especial, es más aberrante y desmoralizador que la misma falta que se ha fallado en castigar. Esta repugnante decisión quiere convencer con el espurio concepto de que si no es significativa la cantidad malversada, tres meses de prisión ya resarcen la "travesura" de un indigno y díscolo sujeto.
Como se puede comprobar, el sistema de justicia está politizado y manipulado. La sanción impuesta por los jueces desnuda su parcialidad y la protección que aplican a unos funcionarios deshonestos y la influencia de que son objeto por parte de las altas instancias del poder gubernamental. No es aceptable el absurdo criterio de un "peculado tenue"… No existe punto medio: existe o no existe peculado, punto! No puede transigirse frente al insólito criterio de que "existió mal manejo de bienes públicos, pero sólo un poquito"... Los corruptos merecen estar en el lugar que les corresponde, gozando de la compañía de estos parcializados y despreciables jueces!
¡Tres meses de prisión y ciento noventa dólares! ¿Cómo creer ya en la justicia? ¿Cómo aceptar que ella ha caído en manos de individuos de ausente o escaso mérito, cuyas resoluciones evidencian el protervo afán de favorecer a otros desaprensivos funcionarios de similar estofa? Con su sentencia estos infames magistrados no sólo que no han procedido con equidad, se han burlado de todo concepto de proporción y de dignidad, han mancillado el más sagrado y elemental sentido de lo que debe ser la justicia!
Quito
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