A tan solo pocas horas de que se produzca la toma de posesión del presidente reelecto no se tiene idea clara de cómo se va a proceder en cuanto a la evidente condición del gobernante ausente. La constitución, que es la norma suprema de derecho público, parece ser muy clara y determinante a ese respecto. Dada la notoria e indiscutible ausencia del presidente designado, se torna automático que, siguiendo el mandato constitucional, asuma el cargo el Presidente de la Asamblea y llame a nuevos comicios en un plazo perentorio. Repito, esa es la disposición constitucional y siendo norma de derecho público, como lo es, no admite que se proceda con lo no dispuesto, ni se preste a “interpretaciones”.
Un estudiante de colegio, no se diga uno de derecho, conoce la diferencia entre derecho público y derecho privado; en el primero, lo no permitido está automáticamente prohibido; mientras que en el segundo, lo no prohibido pasa a estar automáticamente permitido. Uno de mis primeros profesores exhibía con hilaridad un sustancial ejemplo: el matrimonio es una norma de derecho privado -explicaba-, en ella no está prohibido el llegar tarde a casa, por lo tanto ello está ipso facto permitido. No así en las normas de derecho público, comentaba, donde si algo no se permite taxativamente, simplemente a ello no se puede proceder, porque aquello está prohibido. No cuentan, por lo mismo, elucidaciones o disquisiciones; ni procede indagar el espíritu de la ley cuando algo no está permitido en su texto.
No tengo nada en contra del actual presidente venezolano, ni tampoco con su gobierno. Me apena, sin embargo, aquel prurito que tienen algunos gobernantes que quieren perennizarse en el poder y que no saben retirarse a tiempo. No puedo, a pesar de lo dicho, pasar por alto que el coronel lideró a su turno una insurrección armada que tuvo como objetivo desconocer el orden constituido. Me parece una aberración que en nuestros países tengan derecho a participar en las contiendas democráticas quienes han tratado de interrumpir esos procesos.
Tampoco me parece correcto que, a pretexto de haber ganado unas elecciones, se desconozca el criterio de una no despreciable minoría que, si bien se ve, tuvo casi un cincuenta por ciento de apoyo político. Lo que sucede es que en nuestras poco maduras democracias ha empezado a tomar fuerza la infundada idea de que “la victoria otorga derechos”. Este es un concepto arbitrario y peregrino; y descuida que la paz -tanto entre los elementos políticos como entre las naciones- no tiene sustento si no se basa en la justicia. Esta no es una declaración ingenua ni constituye tampoco un cándido idealismo. No hay justicia si los vencedores no parten de esa premisa, la de que la victoria ofrece ventajas pero jamás derechos.
Por eso que la frase feliz del canciller argentino Mariano Adrián Varela se convirtió no solo en célebre apotegma, sino en compendio de una formidable filosofía que ha servido para la declaración de principios de los principales organismos internacionales. La victoria no crea derechos, ni siquiera el beneficio que están queriendo disfrutar los mal asesorados, o quizás mal aconsejados (nótese que tampoco es lo mismo), dignatarios en ejercicio, que con total soltura y desenfado quieren proclamar que la prevista posesión presidencial no es un real requisito constitucional, sino tan solo un mero “formalismo”…
No señores! La victoria no da, la victoria no puede crear ni inventar derechos! Los preceptos constitucionales no son simples formas sino la esencia misma del estado de derecho!
Sydney, 10 de enero de 2013
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